El Fondo para el Desarrollo de Iraq

El 22 de mayo de 2003, justo tres meses después de la invasión, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CS de NNUU) creó el Fondo para el Desarrollo de Iraq (FDI), para gestionar tanto los futuros ingresos procedentes del petróleo de Iraq como el dinero sobrante del programa Petróleo por Alimentos de NNUU. El Fondo se traspasó a los ocupantes, pero el Consejo exigió que se “[…] gestionara de manera transparente” para “[…] satisfacer las necesidades básicas del pueblo iraquí” [3]. Además, el CS creó la Junta Internacional de Asesoramiento y Control para que supervisara el Fondo y diera cuentas de él.

Al principio, la APC dominada por EEUU controlaba por completo el Fondo [4]. En sólo trece meses, los responsables de la APC liberaron o se vieron obligados a liberar 19.600 millones de dólares —más del 90% de todos los recursos del FDI disponibles entonces— [5]. Posteriormente, los auditores descubrieron que, de la mayoría de los contratos adjudicados con dinero del FDI en 2003, el 74% fue a parar a empresas estadounidenses; el 11% fue a empresas británicas y sólo un 2% a empresas iraquíes. No menos del 60% fue a parar al consorcio estadounidense Halliburton mediante contratos abusivos otorgados sin licitación [6]. Los libros contables eran imprecisos o no existían [7].

Cuando finalmente el 28 de junio de 2004 se disolvió la APC, la gestión del FDI se traspasó al gobierno interino iraquí y a sus sucesores [8]. El gasto del FDI aumentó entonces de forma aún más opaca. El ministerio de Hacienda iraquí no creó ningún departamento de contabilidad para el FDI hasta febrero de 2005 y todavía a finales de 2006 no había una cuenta separada para permitir un control adecuado del dinero del FDI [9]

En cada fase, los asesores estadounidenses ejercieron una gran influencia, incluso decisiva, sobre el ministerio de Hacienda así como sobre los gastos de otros ministerios. Los programas de ayuda estadounidense afirmaban que iban dirigidos a “fomentar la autonomía” los “controles de auditoría”, la “buena administración”, la “revisión y la reforma de las funciones del personal” y cosas por el estilo [10]. Sin embargo, la corrupción y los delitos económicos en Iraq se agravaron sin cesar [11].

El bloqueo y debilitamiento de la Junta de supervisión

Junta Internacional de Asesoramiento y Control, creada por el CS de NNUU, parecía un poderoso instrumento para obligar a rendir cuentas. Pero EEUU hizo todo lo posible para bloquear y debilitar la autoridad de la Junta. Miembros de la Junta (el Banco Mundial, el FMI, el Banco de Desarrollo Árabe y NNUU) tuvieron que negociar el “marco de actuación” con la APC. Las exigencias de Washington provocaron discusiones diplomáticas y retrasos que duraron meses [12]. Aunque finalmente en octubre de 2003 las partes llegaron a un acuerdo sobre las normas básicas, la Junta no celebró su primera reunión hasta diciembre y no firmó un contrato de auditoría hasta abril de 2004. Habían transcurrido diez meses y el control ni siquiera había comenzado [13].

Debido a la insistencia de EEUU, la Junta carecía del mandato preceptivo para acceder a los documentos contables. Sólo tenía poderes limitados para investigar y ningún poder coercitivo o de actuación judicial [14]. Es más, la Junta no ha tenido personal estable a tiempo completo y su presupuesto era tan insuficiente que apenas podía hacer algo más que contratar contables [15]. La Junta “controla” las ventas de petróleo y la entrada y salida de dinero del FDI, pero no puede garantizar la contabilidad. “[...] No tenemos autoridad para exigir [que se tomen] medidas a partir de nuestro trabajo”, admite Jean-Pierre Halbwachs, presidente de la Junta, en una rueda de prensa a finales de 2005 [16]. Otro miembro reconoció que la Junta no se creó para detectar el fraude y, de hecho, no había encontrado ni un sólo caso [17].

Cuando por fin en la primavera de 2004 el equipo auditor de la Junta llegó a Bagdad recibió una fría acogida. Los auditores se estuvieron semanas intentando conseguir pases para entrar en la Zona Verde, donde se guardaban todos los apuntes contables de la APC, pero aún tuvieron más dificultades para acceder a los documentos de la APC y del ministerio. Cuando finalmente se entregó la auditoría y la contabilidad, [ambas] fueron sumamente censuradas y resultaban casi inutilizables [18]. La Junta no pudo emitir su primer informe de auditoría hasta mediados de julio, catorce meses después de que se hubiera autorizado el proceso de supervisión. Para entonces, la APC estaba disuelta.

La Junta se ha quejado reiteradamente de que las autoridades estadounidenses e iraquíes no han llevado adecuadamente los apuntes contables, que no se han podido contrastar las principales transferencias de dinero y que las autoridades no han cooperado. También se ha quejado sobre procedimientos de licitación defectuosos, datos dudosos de contratación de personal y, especialmente, ventas de petróleo sin medición [19]. Iraq Revenue Watch, una ONG afincada en EEUU, ha vigilado de cerca el proceso y le ha dado publicidad a través de la prensa. Pero el CS de NNUU ha mirado para otro lado y no ha tomado ninguna medida correctiva para proteger “[...] las necesidades primarias del pueblo iraquí”.

Fondos para la reconstrucción

El gobierno de EEUU ha gastado grandes sumas de dinero para la “reconstrucción” en Iraq. En 2003, el Congreso aprobó por votación la asignación de unos 21.000 millones de dólares para crear el Fondo para la reconstrucción y la rehabilitación de Iraq (FRRI) [20]. EEUU creó también el Fondo para las Fuerzas de Seguridad en Iraq (FFSI), financiado a través del ministerio de Defensa con un total de 11.000 millones de dólares [21]. Otros programas, entre los que figura el programa de respuesta urgente de altos mandos, han añadido 6.000 millones de dólares más, sumando un total de 38.000 millones de dólares [22]. A fecha de hoy se ha gastado la mayor parte de este dinero y ya se destinará poco más, excepto para el sector de la seguridad [23].

Desde octubre de 2004 Stuart Bowen, inspector general especial para la reconstrucción de Iraq, y anteriormente inspector general de la APC, controla el FRRI. Bowen disfruta de carta blanca en el acceso a los apuntes contables y de la autoridad necesaria para extirpar de raíz la corrupción. Bowen, un protegido del presidente Bush, se ha ido haciendo cada vez más crítico y molesto para la Casa Blanca. En 2006, con una plantilla de 55 auditores, inspectores e investigadores sacó a la luz escándalos en las contrataciones, dio reiterado testimonio de ello al Congreso y remitió casos para su enjuiciamiento penal. En el otoño de 2006, el gobierno Bush intentó sin éxito cerrar la oficina de Bowen [24]. Resulta atractivo ver al inspector general como el valiente defensor de un gobierno honesto, pero en realidad Bowen ha tenido que trabajar con un mandato escrupulosamente limitado. A pesar de sus muchos logros, no ha pedido cuentas a las grandes contratas ni ha investigado el papel de los altos cargos en el gobierno Bush ni ha desvelado los escándalos ocultos de los oscuros gastos habidos en el “sector de la seguridad”.

El petróleo desaparecido y el misterio de los contadores

Aparentemente, desde marzo de 2003 se han robado y sacado de contrabando del país miles de millones de dólares de la producción petrolera vital para Iraq sin que, sorprendentemente, las autoridades de la Coalición o el gobierno iraquí hayan tomado apenas medidas [25]. Los contrabandistas también han reexportando o vendido productos refinados robados, como la gasolina y el diésel. El gobierno importa estos productos para compensar la escasez de las refinerías y los vende a precios altamente subvencionados. Aunque los ataques de la resistencia también afectan, la mayor parte de las pérdidas de crudo al parecer se debe a los responsables corruptos que controlan el sistema petrolero; los cargos estadounidenses podrían estar posiblemente implicados junto con, por supuesto, los iraquíes. El trabajo de los contrabandistas se ha visto simplificado por la ausencia de contadores —instrumentos de medida del flujo de petróleo—. Normalmente, las operaciones petroleras se someten a una exhaustiva medición, desde los pozos de petróleo y las refinerías hasta las terminales de exportación. Pero Iraq no dispone de contadores que funcionen, por lo que es prácticamente imposible controlar el flujo de crudo o de productos refinados o seguir el rastro de las operaciones de contrabando y las prácticas de corrupción.

“[…] Es como un supermercado sin cajera”, comenta Mike Morris, un experto de la industria petrolera que trabajaba para el Departamento de Estado en Bagdad [26]. “[…] No hay medición alguna [en la terminal de exportación], ni tampoco en los pozos petrolíferos. No hay medición en ninguno de los empalmes de los oleoductos.” [27] Morris calcula que no se contabilizan: “[…] Entre 200.000 y 500.000 barriles al día” [28].

La APC podría haber instalado los contadores de forma inmediata pero, curiosamente, no lo hizo. Se advirtió de este problema de los contadores a Bremer y su equipo, pero una y otra vez pospusieron tomar medidas [29]. Cuando la Junta Internacional de Asesoramiento y Control señaló la falta de contadores, ni el Organismo Estatal Iraquí de Comercialización del Petróleo [SOMO] ni las autoridades estadounidenses pudieron dar una explicación satisfactoria [30]. Los contables de la Junta advirtieron que ni siquiera había contadores en funcionamiento en las plataformas de carga para la exportación, con lo cual era imposible conocer el volumen o el valor de las exportaciones de crudo de Iraq [31]. Al parecer, los responsables han estado recibiendo sobornos por cargar los petroleros con cientos de miles de barriles de petróleo sin incluirlos en la factura del flete.

El ministerio del Petróleo iraquí informa de que cientos de barcos pequeños zarpan de Shatt al-Arab con crudo o producto refinado iraquí procedente del contrabando [32]. Estos contrabandistas operan ante las mismas narices de la Marina estadounidense y directamente dentro de la zona operativa de las fuerzas británicas. El ministerio de Petróleo indica que en 2005 el contrabando de productos refinados, incluidos la gasolina y el diésel, costó al gobierno 800 millones de dólares [33]. Pero la pérdida de crudo es mucho más costosa. La publicación Platt’s Oilgram, una hoja informativa sobre temas de industria, calcula esta pérdida en 3.000 millones de dólares al año [34]. El Grupo de estudio de Iraq señaló que en 2006 el índice de robos podría haber llegado hasta los 180 millones de barriles, pero un informe más reciente de la Oficina de contabilidad del gobierno aporta una cifra total de 110 millones de barriles al año, con una pérdida económica que puede calcularse alrededor de los 5.500 millones de dólares [35].

La historia de los contratos de los contadores sigue siendo un misterio. En julio de 2004, Halbwachs, presidente de la Junta Internacional de Asesoramiento y Control, manifestó ante el CS que los contadores se instalarían en las plataformas de carga. Los contratos se hicieron primero con Halliburton y luego con Parsons. Al final, el trabajo no se inició hasta marzo de 2006 [36], pero posteriormente la responsable de los importantes retrasos respecto a lo pactado en el contrato fue Parsons [37]. El Cuerpo de Ingenieros insiste en que la terminal petrolera de Basora podría tener los contadores, por fin, a mediados de 2007 [38], pero el resto de la inmensa red de producción, transporte, refinado y sistema de almacenamiento del petróleo de Iraq sigue sin contadores y sin planes inmediatos para instalarlos Conferencia para la Reconstrucción de Iraq, julio de 2003, Washington

Los desembolsos de dinero en efectivo a esta escala son muy difíciles de controlar y hacen que sea prácticamente imposible realizar auditorías adecuadas. En los primeros días de la ocupación, quizá era inevitable utilizar dinero en efectivo de forma generalizada. Pero a medida que iban pasando los meses, la APC podía haber establecido mecanismos bancarios, sistemas de supervisión y controles de auditoría adecuados. Por el contrario, la APC aumentó cada vez más su gasto en metálico. En la última semana de la APC los altos cargos ordenaron el envío de más de 4.000 millones de dólares en billetes desde Nueva York a Bagdad para cubrir un gasto de última hora [41]. El 24 de junio de 2004, un envío en metálico por valor de 2.400 millones de dólares fue el desembolso en efectivo de mayor envergadura en la historia de la Reserva Federal de EEUU [42].

En el transcurso de trece meses, desde mayo de 2003 hasta junio de 2004, estos envíos de moneda llegaron a un total de 363 toneladas de billetes recién impresos, en forma de 281 millones de billetes [43]. Frank Willis, un antiguo alto cargo de la APC, comenta:

“[…] Iraq estaba inundado de dinero, de billetes de dólares. Montones y montones de dinero. Jugábamos al fútbol con algunos de los fajos de billetes de 100 dólares antes de entregarlos. Era una situación de locura, como en el salvaje oeste, algo que ninguno de nosotros había vivido jamás.” [44]

Después de que el dinero llegase a Bagdad, la APC llevaba escasos apuntes contables de a quién se pagaba y menos aún en concepto de qué. Aunque la propia normativa de la APC exigía que una empresa pública de contabilidad “[…] asegurara que el Fondo [FDI] se administraba y se utilizaba de forma transparente”, las investigaciones descubrieron después que la pequeña empresa San Diego contratada para este fin no se dedicaba a la contabilidad y nunca revisó los apuntes contables ni los controles de la APC [45].

La APC tuvo que almacenar enormes sumas de dinero en efectivo, lo cual era una invitación al robo, dado que no había cámaras acorazadas ni procedimientos bien establecidos para manejar el dinero. Paul Bremer, el más alto cargo estadounidense, guardaba un fondo en metálico de casi 600 millones de dólares, del que había poca o ninguna documentación. Según ciertas informaciones, en una habitación del antiguo palacio republicano de Sadam Husein, dentro de la Zona Verde donde estaba la oficina de Bremer, había almacenados 200 millones de dólares [46].

Las auditorías revelaron que “[…] un delegado de empresa tenía aproximadamente dos millones de dólares en efectivo en una caja de caudales en el cuarto de baño de su oficina” y que “[…] un agente pagador amontonaba cerca de 678.000 millones de dólares en metálico en un armario de zapatos que se abría con una simple llave” [47]. Un informe de la Junta Iinternacional de Asesoramiento y Control indica que una vez robaron 774.300 dólares de la cámara acorazada de una división [militar] [48]. Un empresario recibió un pago de dos millones de dólares en una mochila llena hasta arriba de fardos de billetes estadounidenses empaquetados al vacío, y a otro de los responsables le dieron 6.750.000 dólares en efectivo y le ordenaron que lo gastara en una semana antes de que el gobierno interino iraquí tomase el control [49].

Las autoridades estadounidenses distribuyeron millones de dólares en efectivo en comunidades locales por todo el país [50]. Los responsables de la APC entregaron montones de billetes de 100 dólares a dignatarios cuyo apoyo precisaban y a cuyos servicios de espionaje necesitaban [51]. 100.000 dólares en efectivo, a nombre de un centro de mujeres en Hilla [Babilonia], se entregaron a un dignatario local que los empleó en financiar su campaña electoral [52]. Aparte del gasto directo sin contabilizar, la APC entregó 8.800 millones de dólares a ministros iraquíes durante este periodo, una suma que ahora no se puede justificar debidamente [53].

La investigación del congresista Henry Waxman sobre las transferencias en metálico finaliza en junio de 2004 con la desaparición de la APC [54]. A partir de ese momento, nadie con conocimientos [del asunto] puede de divulgar cuántos fondos se han transferido desde Nueva York a Bagdad. A comienzos de 2007, un portavoz de la Junta internacional de asesoramiento y control afirmó que la Junta “no sabe” si el dinero en metálico o los trasvases de fondos se invirtieron en los oleoductos [55]. Parece, sin embargo, que el uso de moneda estadounidense ha continuado y, por las mismas razones obvias, resulta difícil seguirle el rastro al dinero en efectivo, lo que tiene sus ventajas [56].

Graves defectos de ejecución

El gobierno de EEUU adjudicó muchos de los primeros contratos sin sacarlos a concurso (“sin licitación”) y sin especificar los costes (“cost-plus” [método por el que se añade a los costes de producción una cantidad previamente acordada]). Los empresarios tenían así un gran incentivo para elevar sus gastos y de esta forma maximizar los beneficios [57]. La mayoría de los contratos fue a parar a unas pocas grandes empresas que tenían fuertes vínculos políticos con altos cargos gubernamentales en Washington. Halliburton, la empresa que acumuló el mayor número de contratos, estaba estrechamente vinculada al vicepresidente Dick Cheney, que había sido el presidente ejecutivo de la empresa antes de tomar posesión de su cargo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU adjudicó en secreto a Halliburton un contrato multimillonario para revitalizar el sector petrolero de Iraq, sin licitación alguna y con las cláusulas que la propia empresa había redactado. El alto cargo de aprovisionamiento del Pentágono, responsable del contrato, intentó poner objeciones pero no tuvo éxito [58].

Incluso los concursos de licitación de contratos para Iraq que se celebraron fueron una pantomima. A la empresa consultora BearingPoint se le pagó para que redactara las cláusulas de un contrato y luego se le permitió presentarse a concurso para la adjudicación de ese contrato. Los licitadores sólo disponían de una semana para presentar sus ofertas [59]. Por norma general, el gobierno de EEUU obvió muchas de sus normas de contratación. Los organismos estadounidenses ejercieron poco o ningún control. Entre los principales beneficiarios, además de Halliburton (y su filial KBR), estaban Bechtel, Fluor, Parsons y un puñado de otras grandes empresas de ingeniería afincadas en EEUU, con vínculos con el Pentágono desde hacía tiempo y una buena red de amigos dentro del gobierno. Algunos ejemplos lo ilustrarán:

-     Los centros médicos de atención primaria debían ser un elemento clave del programa de sanidad pública, proporcionando servicios médicos a las poblaciones y barrios de las ciudades iraquíes. En marzo de 2004, a la compañía Parsons se le adjudicó un contrato por valor de 253 millones de dólares para construir 150 centros de asistencia primaria locales. Dos años después, sólo se habían terminado cinco de ellos, pero se habían gastado ya 186 millones de dólares del presupuesto [60]. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de la supervisión, había tenido conocimiento de las deficiencias y no hizo nada [61].

-     El Hospital Infantil de Basora, un proyecto emblemático, tuvo el patronazgo de la primera dama Laura Bush y de la secretaria de Estado Condoleeza Rice [62]. En agosto de 2004, la USAID [Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional] adjudicó a la compañía Bechtel un contrato de 50 millones de dólares que debía finalizar en diciembre de 2005 [63]. En julio de 2006, los auditores descubrieron que el proyecto estaba irremediablemente retrasado y que finalmente costaría entre 150 y 170 millones de dólares [64]. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU retiró a Parsons como contrata, ya que otra docena de proyectos de Parsons, tales como prisiones, parques de bomberos (…) y los contadores de la terminal petrolera de Basora también mostraban defectos de ejecución [65].

-      La reconstrucción del sector petrolero afectaba a la principal fuente de ingresos de Iraq, muy en declive tras 13 años de sanciones y tres guerras. Halliburton consiguió un contrato sin licitación por valor de 2.400 millones de dólares para modernizar las instalaciones de los campos de petróleo, con el fin de relanzar las exportaciones y obtener más ingresos. Pero la empresa fue incapaz de hacerlo. En una planta de inyección de agua en Qarmat Ali, cerca de Basora, unas nuevas y potentes bombas hicieron estallar las tuberías antiguas y poco después las propias bombas se averiaron. La ya achacosa planta funcionaba tan mal que los campos de petróleo del sur de Iraq se vieron seriamente afectados [66].

-      El cruce del oleoducto de al-Fatah era otro proyecto de Halliburton. Al norte de Bagdad, el oleoducto cruzaba el río Tigris sobre un puente que había sido seriamente dañado durante los bombardeos estadounidenses de 2003. KBR, la filial de Halliburton, fue la encargada de repararlo. Pero en lugar de arreglar el puente, cuyo coste era de cinco millones de dólares, la empresa insistió en perforar un túnel bajo el río, lo cual exigía un presupuesto de 75 millones de dólares. Los ingenieros de la compañía hicieron caso omiso de las advertencias sobre la inestabilidad del subsuelo y las formaciones rocosas. Después de haber malgastado todo el presupuesto, la empresa interrumpió el trabajo y abandonó el proyecto [67].

La realización de los proyectos de un gran número de los contratos más importantes fue gravemente deficitaria. Si se juzgan los resultados finales resulta incomprensible los pocos beneficios duraderos que los trabajos han supuesto para los iraquíes.

Fraude, robo y soborno

A medida que Paul Bremer y su equipo de la APC repartían cientos de millones de dólares en efectivo, muchas pequeñas empresas e individuos vieron la oportunidad de un rápido enriquecimiento. Muchos de ellos, dándose cuenta que la contabilidad era muy laxa, el dinero en metálico abundante y las normas fáciles de sortear, se embarcaron en el fraude, el robo, el soborno y otras formas de corrupción. “[…] Es como un enorme frasco de miel que atrae a un montón de moscas”, afirmó John McCain, senador republicano de Arizona en el otoño de 2003 [69].

Custer Battles, una pequeña empresa estadounidense, consiguió algunos de los primeros contratos para la seguridad del Aeropuerto y otros servicios en Bagdad. Su rápido ascenso terminó menos de un año después cuando altos cargos de la compañía dejaron olvidada una hoja de cálculo tras una reunión con el personal de contratación del gobierno estadounidense. La hoja de cálculo reveló que la empresa estaba inflando tremendamente los costes añadidos de sus contratos y estaban estafando al gobierno de EEUU al menos seis millones y medio de dólares [70]. En marzo de 2006, en un juicio por vía penal, Custer Bateles fue declarada culpable por 37 cuentas fraudulentas. Se descubrió que la compañía había creado empresas de paja en lugares a poca distancia de la costa para falsificar facturas. Había robado equipos en Iraq y no había cumplido con las estipulaciones básicas del contrato [71].

A finales de 2003 la empresa británica Zeroline fue la adjudicataria de un contrato de 8,48 millones de dólares a por la compra de 51 vehículos blindados para el gobierno iraquí. Otras dos empresas, APTx y Alchemie Technology, también intervinieron. La fabricación de los vehículos se contrató en Rusia. Aunque el contrato principal se pagó en su totalidad a finales de 2004 con fondos del FDI, los vehículos no se entregaron nunca [72].

Una serie de personas han sido culpables de conspiración, blanqueo de dinero, soborno y otros actos delictivos. Robert J. Stein, interventor y el encargado de los pagos de la oficina de la APC para la región sur de Iraq, era responsable de 82 millones de dólares en efectivo los cuales repartió entre empresarios amigos suyos a cambio de dinero, bienes y otros favores. Poco se cumplió, si es que se cumplió algo, de los trabajos contratados mientras Stein robaba al menos dos millones de dólares, recibía un millón [de dólares] en sobornos y se apropiaba de 683.000 dólares más en joyas, automóviles, dinero en efectivo y otros favores [73]. En enero de 2007, se le condenó a nueve años de cárcel [74]. Philip Bloom, un hombre de negocios que trabajaba con Stein, sobornó a varios altos cargos estadounidenses, tanto civiles como militares, pagándoles en efectivo, con joyas y automóviles y demás. En enero de 2007 se le condenó a pena de prisión [75].

Otro caso semejante es el del teniente coronel del ejército estadounidense Bruce D. Hopfengardner, que confesó [haber participado en] una conspiración para robar fondos de la reconstrucción a base de sobornos, contrabando y favores sexuales. El 25 de agosto de 2006 se declaró culpable de fraude y blanqueo de dinero. Hopfengardner recibió 175.000 dólares de Bloom, así como un fantástico coche, una moto, una cámara, un reloj Breitling y un ordenador [76]. También se acusó a tres mandos militares: el coronel Curtis Whiteford, la teniente coronel Debra Harrison y el teniente coronel Michael Wheeler, que trabajaban como responsables de la contratación para la APC en Bagdad. Los han acusado de adjudicar contratos a cambio de sobornos en efectivo y artículos de lujo. Al parecer, también sacaban dinero en metálico directamente de los fondos de la APC [77].

Nunca sabremos cuántos miembros del personal militar y civil han estado implicados en estos delitos de corrupción y cuánto se robó en total, pero es evidente que la corrupción estuvo muy extendida. El cinismo era casi universal y muchos consideraban justificado apropiarse de lo que pudieran. La coronel Harrison manifestó a los responsables de su detención que ella sentía que estaba en su derecho de apropiarse del dinero [78]. El bienestar de los iraquíes de a pie evidentemente importaba bien poco.

A comienzos del otoño de 2004, Washington decidió variar las prioridades básicas del gasto en reconstrucción. Del total de los 21.000 millones [para reconstrucción] se “reprogramaron” para la seguridad más de 5.000 millones de dólares [81]. Casi 2.000 millones de dólares procedían del presupuesto para agua potable y saneamiento, cuyo programa se recortó a la mitad, y se recortaron más de mil millones del ya inestable sector de la electricidad [82]. La mayor parte de ese dinero se desvió a las nuevas unidades militares, policiales y de mando de Iraq a través de programas de entrenamiento, armamento y otro tipo de apoyo directo, así como programas para las cárceles, campos de entrenamiento y logística [83].

Algunos de estos presupuestos reprogramados pagaron los edificios y otras construcciones en el sector de la seguridad, con resultados predecibles. Un contrato de 75 millones de dólares con Parsons para construir una nueva Escuela de Policía en Bagdad iba a ser según el inspector general especial para la reconstrucción de Iraq: “[…] El proyecto de seguridad civil más importante del país”, [84]; sin embargo, tras la llegada de nuevos reclutas en mayo de 2006, los cadetes protestaron por las intolerables condiciones [que sufrían]. Los inspectores descubrieron que los baños inundaban los dormitorios, los cimientos se hundían y los suelos oscilaban [85]. Finalmente, los ingenieros dictaminaron que el trabajo estaba tan mal hecho que tendrían que derribar y volver a construir varios de los edificios recién construidos [86]. Muchos otros proyectos de “seguridad” para comisarías, cárceles, puestos fronterizos y cuarteles militares fracasaron espectacularmente [87].

A medida que aumentaban los programas de “seguridad”, los políticos y los ministros iraquíes exigieron fondos del FDI para sus propios proyectos. En enero de 2004, un consorcio en el que participaba Ahmed Chalabi, el favorito del Pentágono, consiguió un contrato de 327 millones de dólares para suministrar armas, camiones, uniformes y otro equipamiento, pero al parecer los artículos nunca se entregaron [88]. El general Hazem Shaalan, ministro de Defensa del gobierno interino iraquí, obtuvo 1.300 millones de dólares para nuevos tanques, helicópteros y vehículos blindados así como rifles, chalecos antibalas y cascos. Investigaciones posteriores demostraron una corrupción a gran escala [89]. Los fondos se transfirieron a través de intermediarios y cuentas secretas. Hay muy pocos apuntes contables.

El 16 de mayo de 2005 se emitieron las órdenes de detención contra el antiguo ministro de Defensa Shaalan, el jefe de aprovisionamiento Ziad Cattan y otras personas del ministerio de Defensa, sobre la base de la investigación realizada por la Junta suprema de auditoría Iraquí [90]. Pero para entonces Shaalan estaba en el exilio entre Londres y Amán. Otros cuantos ministros, con el mismo tipo de acusación, también habían abandonado el país [91]. Ali Allawi, el antiguo ministro de Hacienda, calculó que en total se habían robado 800 millones de dólares y que se habían gastado 400 millones en equipamiento de inferior calidad, con el peligro que ello conllevaba [92]. Como Radhi al-Radhi, el juez, encargado de investigar la corrupción, declaró a un periodista: “[…] Tenemos expertos estadounidenses en el ministerio de Defensa. Cuando vieron estos delitos, ¿por qué no hicieron algo?” [93].

Aún más grave es el desvío de dinero del “sector de la seguridad” hacia fuerzas de seguridad irregulares y a las cárceles iraquíes donde se practica la tortura. Cuando se reasignaron los fondos del programa de reconstrucción estadounidense, la suma más alta —1.400 millones de dólares— fue a parar a proyectos dependientes del ministerio del Interior, famoso por su turbio trabajo contra la resistencia y por su absoluto desprecio de los derechos humanos [94]. Este dinero pagó el equipamiento, transporte, entrenamiento, operaciones y “mantenimiento de fuerzas [armadas]”  sin especificar del ministerio. Los informes indican que estos fondos, así como dinero de ayuda que envió paralelamente Reino Unido, sirvió para mantener unidades [militarizadas] que han participado en actividades de tortura, tales como los comandos especiales de policía, un cuerpo dentro del ministerio implicado en torturas y atrocidades [95]. El Instituto para la Paz estadounidense ha publicado un informe que concluye que la Policía Nacional del ministerio del Interior es: “[…] Una organización multiforme de unidades contra la resistencia que funcionan a modo de comandos, [y] que alberga en su seno escuadrones de la muerte sectarios” [96].

También se destinaron 73 millones de dólares de los fondos destinados a la reconstrucción para “operaciones con detenidos” del ministerio [del Interior], aun cuando el ministerio ha sido responsable de significativos casos de tortura a prisioneros [97]. El inspector general especial para la reconstrucción de Iraq apenas ha investigado alguno de estos contratos ni tampoco ninguna otra instancia ha realizado un control o evaluación pública eficaz.

Responsabilidades

Tras cuatro años de corrupción a gran escala en Iraq, resulta sorprendente que se hayan pedido muy pocas responsabilidades por lo sucedido. La Junta Internacional de Asesoramiento y Control, creada por NNUU a iniciativa propia, no ha perseguido ni un solo caso de fraude, robo o corrupción relacionado con el FDI ni ha investigado si el Fondo, tal como especifica el CS, está funcionando para “[…] satisfacer las necesidades primarias del pueblo iraquí”. Sometido a una intensa presión ejercida por EEUU y Reino Unido, el CS no ha abordado este fracaso ni ha buscado medios nuevos y más contundentes para hacer cumplir el propio mandato del Consejo [98].

El inspector general especial estadounidense ha sido mucho más activo. A de 31 de diciembre de 2006 había realizado 85 inspecciones detalladas de contratos [99] así como muchas auditorías, investigaciones y análisis. Destapó numerosos casos de corrupción y los sacó a la luz pública; el 1 de mayo de 2007 había remitido 28 casos al ministerio de Justicia de EEUU para su procesamiento judicial, con el resultado de 10 detenciones y cinco condenas [100]. No obstante, si se considera la extensión del fraude, las condenas son pocas. Más grave es el hecho de que el inspector general especial para la reconstrucción de Iraq no haya pedido responsabilidades a altos cargos tanto del gobierno como de las empresas. Asimismo, los fiscales civiles y militares sólo han actuado en unos pocos casos, fundamentalmente en los que estaban implicadas empresas pequeñas y personas que ocupaban puestos relativamente bajos en la cadena de mando, tanto civil como militar.

El gobierno iraquí ha creado varios cuerpos anticorrupción, como la Comisión para la Integridad Pública, la Junta Suprema de Auditoría, [el Cuerpo de] Inspectores Generales del ministerio y el Consejo Unificado Anticorrupción Iraquí. Pero no han sido capaces de frenar la marea de creciente corrupción, ni han podido perseguir las prácticas corruptas de los empresarios estadounidenses o de otros países.

No se ha condenado, juzgado o procesado a ningún ejecutivo de una gran empresa contratada como es Halliburton o Parsons, ni siquiera ha sido investigada por ningún órgano de control y no se le ha impuesto ninguna multa importante, orden de restitución o castigo similar a ninguna de las empresas, aun cuando las deficiencias en la ejecución de su contrato hayan sido enormes, flagrantes y sistemáticas [101].

No se ha acusado a ningún alto cargo civil o militar estadounidense de un acto delictivo por su supervisión, claramente negligente, ni por el resto de actuaciones que han dado lugar a la enorme corrupción; tampoco se han pedido responsabilidades a nadie en los ministerios iraquíes por no garantizar la adecuada supervisión,  a pesar de que en los ministerios trabajan cientos de asesores, y a pesar de los millones de dólares invertidos en programas financiados por EEUU supuestamente creados para promover la responsabilidad, la honestidad, el buen gobierno, los procedimientos adecuados de contratación, etc. El inspector general especial para la reconstrucción de Iraq ha abordado la política de EEUU sobre la corrupción en Iraq con una credulidad inoperante y el control del “buen gobierno” llevado a cabo por el inspector sobre estos contratos parece indicar que se han realizado adecuadamente, sin que se haya hecho la investigación que es tan necesaria [102].

En cada momento, Washington ha actuado para intentar minimizar la responsabilidad por robo y fraude. El Decreto número 17 de 2004 de Paul Bremer otorga total inmunidad a las fuerzas y a las contratas de la Coalición respecto a la legislación iraquí [103]. El Decreto-ley 13003 de 2003 de la presidencia de EEUU otorga, en la práctica, total inmunidad a las compañías petroleras frente a demandas judiciales relativas a sus actuaciones en Iraq [104]. EEUU y Reino Unido modelaron la Junta internacional de asesoramiento y control para que apenas tuviera capacidad, y el mandato del inspector general especial para la reconstrucción de Iraq dejaba fuera de su alcance muchos de los temas más importantes. Poco sorprende, pues, que se hayan pedido tan pocas responsabilidades y que el Iraq bajo la ocupación sea ahora el segundo país, tras Haití, en la lista de las naciones más corruptas del mundo [105]. 

Conclusión

Desde los primeros días [de la ocupación], EEUU y sus socios construyeron en Iraq un sistema despilfarrador, sin control y corrupto. El robo, el fraude, el soborno y la corrupción de cualquier tipo y a gran escala han infectado el proceso de reconstrucción, aprovisionamiento y gobernabilidad. Hay cientos de proyectos fraudulentos, inconclusos, malogrados o inútiles que han consumido los ingresos de decenas de miles de millones de dólares de Iraq. Si se juzgan los resultados finales los proyectos, sorprendentemente, apenas han generado beneficios duraderos a los iraquíes.

Estos actos de corrupción constituyen una clara trasgresión de las responsabilidades de los ocupantes según las Convenciones de Ginebra, la Convención de NNUU contra la corrupción de 2003, y las Resoluciones del CS. El Consejo y la comunidad internacional deberían intervenir para recuperar los miles de millones de dólares malgastados y robados de los fondos para llevar a los tribunales a los verdaderos responsables de estas violaciones tan graves del derecho internacional.