Los anuncios del 21 de mayo pasado, según ha declarado y enfatizado el mismo gobierno, ponen fin al pesimismo y debieran acallar -pero eso no lo sabe nadie aún- a los agoreros, los que, según explicó más tarde Ricardo Lagos Weber, ministro secretario general de Gobierno, están no sólo en la derecha, sino también en la Concertación. Pero más allá de percepciones, de estrategias comunicacionales, políticas y proyecciones electorales, hay sin duda más que un mero cambio discursivo en lo que parece el anuncio de una mayor acción gubernamental. La inversión en educación, los cambios a la regla del superávit estructural, el apoyo a las pymes, entre otras medidas, conforman un importante salto en el gasto social, el mayor desde 1990. El anuncio presidencial de 650 millones de dólares anuales de inversión para ampliar los subsidios, apunta a mejorar no sólo la calidad general de la educación, sino a suavizar la abismal brecha entre los alumnos que provienen de hogares de desiguales ingresos. Se aumentará la subvención general, la subvención preferencial para escuelas que educan niños más pobres, la subvención rural y se creará un fondo de apoyo a la gestión municipal en educación. Un volumen de recursos, ha dicho la misma presidenta, que es histórico: a partir de 2008 llegará a inéditos cinco mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 15 por ciento en el subsidio público.
Esta inversión social, sumada a otras menores, ha obligado al gobierno,
a través del Ministerio de Hacienda, a modificar esa camisa de fuerza
financiera creada en el gobierno pasado, denominada superávit fiscal
estructural. La creación de Nicolás Eyzaguirre, que fijó este superávit
fiscal en uno por ciento del producto, fue en su momento elogiada por
el sector privado, la derecha y los organismos financieros
internacionales, pero no llegó a gozar de una década de vida. La
realidad del país forzó al gobierno a recortar esa norma y gastar lo
que ha depositado y deposita en instrumentos internacionales. Con el
precio del cobre en una cota históricamente alta y proyecciones que lo
ponen en el futuro en una alta meseta, con los problemas sociales
endémicos en franco y progresivo deterioro, el único acto verdadero de
gobernar ha sido, como siempre ha sido, ejecutar políticas públicas.
LA EDUCACION, EN CAIDA LIBRE
La educación es el mejor medio para alterar nuestra endémica y
esclerosada desigualdad social. La historia revela períodos, durante el
siglo pasado, con mayores indicadores de igualdad, que aun cuando no
corresponden sólo a los masivos programas de alfabetización y
educación, sí tienen una relación de causalidad con ellos.
La movilidad social está vinculada al acceso a la educación. Sin
embargo, hay una serie de variables que pueden acelerarla o también
obstaculizarla. Pese a que hoy Chile goza de un acceso generalizado a
la educación, los resultados, porque dependen de múltiples factores,
son extremadamente desiguales. Ese acceso prácticamente universal, por
otras trabas se convierte en una mera apariencia de equidad.
El actual modelo educacional, basado en la capacidad económica de las
familias, acentúa la desigualdad y ha llevado a reproducir, a través de
la educación de los hijos, las diferencias sociales de las familias. El
gobierno, que apunta a suavizar la disparidad mediante subsidios al
modelo municipalizado, es probable que logre mejorar ciertos
indicadores. Pero la pregunta es si logrará alterar las enormes brechas
sociales que están en la educación pero también antes y después del
proceso de enseñanza. Están en el hogar, en la cuna, y más tarde en el
acceso al mercado laboral -disminuido en el niño pobre por su mala
formación-.
La educación se entiende como una inversión social con altas tasas de
beneficio. Sin embargo, hay numerosos factores que impiden la
concreción de esta relación. La educación, que ha de ser el mejor
camino para la movilidad social, para la superación de la pobreza, ha
fallado como instrumento para aplanar las desigualdades.
El ingreso a la educación básica es prácticamente universal -a
comienzos de 2000 abarcaba al 98,3 por ciento de la población en edad
escolar- lo que apunta a crear una instrucción primaria básica y
promedio. Este tipo de educación fue necesaria en décadas anteriores
para desarrollar ciertas actividades no sólo en la ruralidad, sino
también en otras actividades productivas; hoy no cuenta con el espesor
mínimo para las exigencias del sector laboral. Tiende, como en todas
las sociedades más modernas, a abastecer más al sector servicios. La
formación mínima para acceder a un empleo que genere ingresos para
optar a una cierta calidad de vida -reconocida por organismos
económicos como la Cepal-, es de doce años de estudios.
El problema es social y trasciende el mero acceso a la educación. De partida, hay que considerar la deserción escolar y la repetición de cursos, las que están claramente acotadas en los sectores de menores recursos. Un documento de Mideplán sobre deserción escolar, elaborado por los investigadores Alvaro Krause y Fernanda Melis, señala que en la educación media la cobertura que en la básica es prácticamente total, se reduce a un 87 por ciento. Un documento del Mineduc, citado por esos autores, muestra que menos de la mitad de los alumnos de básica y media egresa sin haber repetido ningún grado. “La tasa de retención alcanza, en enseñanza básica, un 83 por ciento y un 72,7 por ciento en enseñanza media.
No obstante los avances registrados en la última década, el
abandono es muy superior en la enseñanza media que en la enseñanza
básica”. Según la encuesta Casen de 1998, son pocos los niños en edad
de básica que no asisten a la escuela, pero no asisten a la educación
media el 18 por ciento de los adolescentes entre 14 y 18 años. Entre
los motivos de la no asistencia se hallan la ayuda en casa, enfermedad,
necesidad de trabajo y maternidad adolescente. Pero el motivo principal
es sin duda la pobreza. Más del 90 por ciento de estos niños y jóvenes
pertenecen a los tres primeros quintiles de ingreso (los más pobres), y
la proporción es de 74,4 por ciento entre la población de 7 a 13 años y
69 por ciento en la población de 14 a 18 años que asiste a un
establecimiento educacional.
MERCADO LABORAL CON 10,5 AÑOS DE ESTUDIOS
Esta realidad, medida en la infancia y la adolescencia, rara vez varía
en la adultez, lo que consolida a una población con un promedio de 9,7
años de estudios y de 10,5 años para acceder a la masa laboral. Sólo en
el quinto quintil de ingresos (el más alto) la media alcanza a superar
los doce años. Estos promedios, y sin considerar la calidad de la
educación, son muy insuficientes para que Chile pueda insertarse en la
economía y mercados internacionales con un tipo de producto más
elaborado que las actuales materias primas. Bien sabido es, como
repiten el sector privado, el gobierno y la clase política, que el
salto al desarrollo pasa por una mano de obra calificada. De lo
contrario, la economía chilena seguirá atada a la extracción minera,
pesca, tala forestal y recolección frutícola, actividades que conforman
casi la totalidad de las exportaciones nacionales.
Existe, sin embargo, una relación histórica entre ciertas actividades productivas y mano de obra no calificada o pobremente calificada. Un ejemplo de hoy son los sectores salmonero y frutícola, ambas industrias estelares en los mercados de exportación, pero ambas también se distinguen por las malas condiciones laborales, que van desde los extensos horarios a los bajos salarios. En las dos industrias se emplea mano de obra de baja calificación, como ocurre en la recolección de fruta con las temporeras. La pregunta que surge de estas actividades tan rentables -las dos con fuerte inversión extranjera- es para qué requerirían personal de mayor formación. Qué necesidad tiene y qué gana el sector extractivo-productivo-exportador al contar con una masa laboral más instruida. La actual estrategia productiva comercial, basada en las materias primas o de muy poca elaboración, que es altamente rentable, no parecería estar interesada en cambiar este modelo, el que opera, para sus intereses, a la perfección.
Estimular la educación, que deriva en más creatividad e investigación,
es necesariamente, por el momento, una opción política y también de
política económica. Con una masa laboral más instruida el tipo de
inversión extranjera no sólo estaría interesada en la materia prima,
sino también en áreas de elaboración y manufactura y de servicios. Pero
una masa laboral de mayor formación, capaz de generar productos de alto
valor agregado, es también un grupo que exige mejores salarios, proceso
que conduce a aplanar la desigual distribución de los ingresos. Por la
información que hoy obtenemos de nuestra educación, tanto en cobertura
como en calidad, hay un largo trecho por recorrer que tardará tal vez
décadas.
LA ABISMAL DESIGUALDAD
Si los problemas son evidentes en la extensión y calidad de la enseñanza, son aún mayores los que surgen del modelo de educación. El deterioro de la calidad en la educación pública, a la que accede el 92,5 por ciento de los estudiantes chilenos, es evidente. En la prueba nacional Simce de 2006, realizada a alumnos de cuarto básico, el 60 por ciento de los estudiantes de estrato bajo calificó con el mínimo, en tanto sólo el once por ciento de los estudiantes de altos ingresos, y de colegios particulares, está en este nivel. Una brecha que se expresa en las posibilidades de ingreso a la universidad: en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de 2005 el 68 por ciento de los mejores puntajes surgió de alumnos de colegios particulares y sólo un diez por ciento de establecimientos públicos o subvencionados. En evaluaciones internacionales la cosa no es mejor. La prueba TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), de matemáticas y ciencias, colocó a Chile en el lugar 35 entre 38 países, situación que se repite en la prueba de comprensión de lectura PISA (Programme for International Student Assesment), en la que los alumnos chilenos sólo superaron a cinco naciones de un total de 43.
La encuesta internacional sobre alfabetización de adultos (IALS) realizada por la OCDE, mostró también insuficientes resultados: alrededor del 80 por ciento de la población entre 16 y 65 años logró niveles inferiores a los mínimos requeridos para responder a las demandas de la vida cotidiana y del trabajo en una sociedad compleja y avanzada. Asimismo, sus resultados indican que sólo un cuatro por ciento de la población que no ha completado la enseñanza media alcanza los niveles medio y altos en conocimientos y habilidades requeridas para encontrar y usar información contenida en diversas formas.
La inversión en educación es históricamente baja en Chile. Un documento
de Cenda afirma que es del orden del cinco por ciento del producto,
extremadamente bajo si se le compara con el 7,5 por ciento de hace
treinta años. Si consideramos los cinco mil millones de dólares que ha
anunciado el gobierno y los relacionamos con el producto chileno, de
unos 115 mil millones de dólares en 2006, en la actualidad tendríamos
que sólo un 4,8 por ciento del PIB se destina a educación.
Hay, sin duda, una enorme distancia con los países desarrollados y con
aquellos que han logrado desarrollarse durante las últimas décadas. En
los países de la OCDE, organización que conforman los países más
desarrollados y a la que Chile -era que no- quiere acceder, la
inversión media en educación es de 5,9 por ciento del PIB. En el tramo
más bajo está Turquía, con 3,7 por ciento y en el más alto Islandia,
con ocho por ciento. Según datos de 2006, el gasto medio por alumno
durante las etapas de básica y media es de 77.204 dólares; en la cima,
por sobre los cien mil dólares, están países como Austria, Italia,
Estados Unidos, Noruega y Suiza. Chile, en tanto, que quiere ingresar a
la OCDE, repetimos, tiene un gasto por debajo de los 40 mil dólares.
Ante esta realidad, la inversión anunciada por la presidenta Bachelet
sin duda que es un aporte para superar una de nuestras mayores
falencias, uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia una mejor
calidad de vida y mayor equidad. Pero 650 millones de dólares, en un
mar de problemas, no es nada. O casi nada.