Para muchos analistas, observadores y simples seguidores
de la actualidad política, George W. Bush, a 17 meses de concluir su segundo
mandato, es ya el peor de los presidentes en la historia de Estados Unidos.
Cuando se aborda el tema todo gira en torno a la invasión a Irak, a pesar de que
esa decisión, en el momento de ser adoptada, contó con un amplio respaldo
popular.
Solo después serían conocidas las burdas mentiras utilizadas para justificar una
acción tan costosa en términos económicos y, especialmente, en vidas
estadounidenses e iraquíes.
No obstante lo anterior, en realidad lo que más erosiona el respaldo al
Presidente no es el origen del problema, sino la creciente incertidumbre de cómo
van a salir del pantano al que ha conducido a sus 'muchachos'.
Con el número de bajas fatales en el orden de los tres mil 700 han comenzado los
cuestionamientos del ciudadano común, con tres preguntas sin respuestas: ¿Por
qué fuimos?, ¿Qué hemos logrado? y ¿cómo saldremos?
Parejo en importancia con estas interrogantes avanzan las preocupaciones
provocadas por la autorizada invasión de la intimidad del ciudadano común, a
quien a lo largo de su vida le hicieron creer que vivía en el país líder mundial
de los derechos individuales.
Y ahora resulta que en nombre de una amenaza terrorista, cuya percepción, seis
años después del derribo del World Trade Center, deviene cada vez débil, le
mutilan de un plumazo el derecho a la privacidad de sus comunicaciones
telefónicas y su correo electrónico.
Con la autorización del Congreso, la Casa Blanca puede interceptar las llamadas
por teléfono y los mensajes digitales y hacerlo sin atenerse a reglas, cuya
aplicación depende de la voluntad y el criterio de funcionarios y empleados
gubernamentales.
No resulta difícil suponer cuan vulnerable puede ser el individuo, situado a
expensas de una administración arrogante, facultada para hacer cuanto desee, sin
tener que explicar ni rendir cuentas a nadie.
De este modo cualquier persona queda a merced de venganzas, chantajes y
extorsiones de terceros con los más diversos pretextos.
Esta autorización, aprobada recientemente por un Congreso con mayoría demócrata,
acusados hasta ahora de ser blandos con el terrorismo, constituye una clara
confirmación de que en la Unión, a partir de la llamada Ley Patriota, con
definido tufo fascista, la seguridad se va imponiendo claramente a la libertad.
El ciudadano más observador no tendrá ninguna dificultad para confirmar que esto
es solo una manifestación de la misma tendencia que condujo a oficializar las
torturas en Abu Ghraib y Guantánamo, los secuestros y el traslado de los
prisioneros a cárceles secretas en varios países europeos, en una palabra: la
quiebra moral y ética de un gobierno engrampado en su lucha por alcanzar y
mantener la hegemonía mundial.
A esos problemas, a los que se suman no pocos escándalos protagonizados por
personajes cercanos al mandatario, se deben los resultados de las últimas
encuestas, reveladoras de que el 70 por ciento de los estadounidenses no quieren
a Bush.