Bolivia: ultraderecha pone a prueba la victoria del soberano
<>Hugo Moldiz
La Epoca
Con una virtual declaración de “guerra”, que hace
retornar el riesgo del desencadenamiento de la violencia
ininterrumpida, los prefectos y comités cívicos opositores de cinco
departamentos se muestran decididos a continuar dando la espalda a la
voluntad popular que el domingo 10 de agosto apoyó, en un 68 por
ciento, a la propuesta de cambio que encabeza el presidente Evo Morales
y que demanda la aprobación de una nueva Constitución y la
incorporación de un régimen autonómico.
Reunidos en la ciudad de
Santa Cruz, el epicentro de la reacción, a convocatoria del prefecto
Rubén Costas, quien el domingo no escatimó adjetivos contra el
presidente Morales y el gobierno, las primeras autoridades de Beni,
Pando, Tarija y Chuquisaca decidieron, sin mayor argumento que su
lógica opositora, convocar a un paro cívico para el martes 19 y
endurecer sus medidas de presión.
“La lucha recién se inicia,
tengan por seguro que vamos a ganar”, afirmó el presidente del Comité
Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, al dar lectura a las
resoluciones del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que
horas antes había decidido levantar una huelga de hambre en la que sus
protagonistas rotaban todos los días.
El gobierno, al que se lo
crítica por haber convocado de manera prematura al diálogo, no tardó en
responder: la derecha no ha realizado una correcta lectura del
referéndum revocatorio.
Lo aparente
La
contraofensiva de la oposición cívico-política-mediática, que con una
serie de acciones de violencia física y simbólica ejercidas contra la
investidura presidencial y sectores de la población perdió el espacio
conquistado entre julio de 2007 y abril de 2008, cuando el gobierno
estaba acorralado, se produce a escasos días de una de las fiestas
democráticas más profundas que vivió Bolivia en los últimos 26 años,
según se han encargado de reconocer sectores moderados de la oposición
y observadores internacionales.
Una primera intención de la
maniobra se huele a kilómetros. Es un esfuerzo por disminuir el
carácter del triunfo oficialista, que ha superado los límites de la
militancia masista y de los movimientos sociales, para convertirse en
una conquista de más de dos tercios de los bolivianos que miran hacia
el pasado para saber qué y a quiénes no quieren de vuelta.
Y
entonces, hay que darle a la intención de proteger privilegios un
barniz de aparente realidad. Sin eso, sería difícil de movilizar. Para
ello, como lo han señalado el jueves en la noche los prefectos
contrarios a la línea de gobierno, la demanda de reconocimiento de los
estatutos autonómicos y la reposición de recursos del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH) con los que se pagó la renta dignidad a más
de 700 mil ancianos mayores de 60 años, constituyen los ejes de la
protesta.
En el tema del IDH, el gobierno se ha manifestado
favorable a lograr un entendimiento. De hecho, a pedido del presidente
Morales se ha presentado a los prefectos del país la propuesta de
lograr un acuerdo nacional en torno a un pacto constitucional, fiscal e
institucional.
En cuanto a la autonomía, la exigencia cae por su
propio peso. El presidente Evo Morales, a quien la población le dio su
amplio respaldo, convocó en la noche del domingo, sin dubitaciones y
con espíritu magnánimo, a unir la Constitución y los estatutos
autonómicos, en el marco de la legalidad.
Y es el apego a lo
legal que parece ahuyentar a las elites de la “Media Luna”, ya que la
vigencia de sus estatutos no cuenta con la cobertura constitucional,
según se han cansado de sostener los dirigentes del oficialismo y
analistas, a los que no se los podría calificar de progubernamentales,
como el constitucionalista Carlos Alarcón.
Para prueba un botón.
La Constitución vigente no reconoce la condición de “gobernadores” que
los prefectos quieren alcanzar ni cualidades legislativas que los
opositores desean lograr. Salvo que se esté apostando al separatismo,
del que han sido denunciados de conquistar el presidente cívico
cruceño, Branko Marinkovic, y el embajador estadounidense, Philiph
Golberg, las posibilidades de ejecución de las medidas autonómicas son
mínimas.
Y nuevamente en el tema de los ingresos. Datos
oficiales, no negados por la oposición, revelan que los departamentos
han recibido en dos años del actual gobierno cerca de 32.000 millones
de bolivianos, lo cual implica un aumento más que significativo frente
a los 30.000 millones de bolivianos que recibieron en once años
(1994-2005). La diferencia salta a la vista.
Por lo demás, el
argumento de que el gobierno ha recortado ingresos a los departamentos
no tiene asidero, ya que el decreto supremo que modifica la
distribución de ingresos del IDH lo que hace, según ha explicado el
ministro de Hacienda, Luís Arce, es incrementar el porcentaje del
presupuesto de los municipios, y además porque este año los
departamentos accederán a 12.719 millones de bolivianos, el doble de lo
recibido hace dos años.
Lo real
La
movida de la ultraderecha, entonces, apunta a objetivos políticos y
económicos que, de presentarse como tal, difícilmente podrían tener la
posibilidad de movilizar a la población.
En lo político, como se
ha manifestado entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, las clases
dominantes en Bolivia apuntan a detener y luego revertir el proceso de
cambio estructural con el que Evo Morales, el primer presidente
indígena de este país, llegó a ganar las elecciones de diciembre de
2005 con un 54 por ciento, un porcentaje nunca visto en la historia
democrática boliviana.
Para ser menos abstractos. el objetivo
político es impedir la aprobación de la nueva Constitución Política del
Estado aprobada en Oruro que, tras un necesario ajuste, deberá ponerse
a consideración del pueblo a través de un referéndum popular que ya
cuenta con el marco legal, promulgado en febrero, y que solo está a la
espera de la definición de su fecha de realización.
La oposición
continúa cuestionando el texto constitucional que el MAS y diez fuerzas
aprobaron en diciembre pasado, principalmente por los temas de la
autonomía, la tierra y los recursos naturales, además de la reelección.
El
gobierno, en franca oposición al centralismo departamental –defendido
por las elites-, considera que una descentralización profunda pasa por
el reconocimiento, con igualdad jerarquía, de las autonomías
departamental, provincial, regional e indígena, además de la municipal
que ya existe.
En cuanto al recurso tierra, el texto
constitucional aprobado en Oruro parte de la premisa de acabar con el
latifundio, del que todavía se benefician pocas familias en el oriente
boliviano, y deja en manos de la población decidir, mediante
referéndum, si la extensión máxima de la propiedad rural será 5 mil o
10 mil hectáreas.
De acuerdo a datos oficiales de los últimos 10
años, la producción de la soja en Bolivia está en un 60 por ciento
controlada por empresarios extranjeros, que le alquilan a los
latifundistas, y un 40 por ciento en manos de pequeños productores, lo
cual respalda la posición oficial que está decidida a terminar con una
cruda realidad: 32 millones de hectáreas están en manos de unas pocas
personas, mientras 4 millones de hectáreas están distribuidas entre más
de dos millones de campesinos e indígenas.
A diferencia de lo
que se piensa, el gobierno ha actuado con moderación en el tema de la
tierra. En dos años se han repartido no más de 800 mil hectáreas a
campesinos sin tierra y el drama del “surcofundio”, que sirve
insuficientemente para cosechar algo para la sobrevivencia familiar,
acompaña a miles de campesinos que se resignan a un beneficio radical
más pronto a condición de consolidar el poder político simbolizado en
Morales.
Y la posición frente a los recursos naturales es otro
tema de debate. El texto constitucional señala que los recursos
naturales no renovables es propiedad de todos los bolivianos y que es
administrado por el gobierno central. La posición de la ultraderecha,
con la que moviliza a la población, es que esos recursos deben ser
administrados y beneficiar a los departamentos en los que se hallan
ubicados.
Los límites de la protesta
A
pesar de las declaraciones fuertes y la radicalidad que la protesta
vaya a registrar los próximos días, el límite de los planes de la
ultraderecha se encuentra en el resultado que el oficialismo ha logrado
obtener en los departamentos de la “Media Luna”, a la se debe sumar
Chuquisaca, y la legitimidad conquistada en todo el territorio nacional.
Del
67.43 por ciento de apoyo en todo el país, de un 99.90 por ciento de
votos escrutados, el presidente alcanzó una victoria en Pando
–controlado por el prefecto opositor Leopoldo Fernández- con un 52.50
por ciento; en Chuquisaca –hace poco asumida por Savina Cuellar-, con
un 53.88 por ciento; en Tarija –con Mario Cossio al frente-, obtuvo un
virtual “empate técnico”; en Beni – de Ernesto Suárez Sartori- superó
la franja del 43.72 por ciento y en Santa Cruz, del radical Rubén
Costas, pasó el 40 por ciento.
Los datos adquieren valor y
sentido político cuando se considera que el MAS preservó su territorio
cautivo del voto cruzado (La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba) y penetró
y conquistó provincias y municipios de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija
durante años controlados por la derecha.
Pero el respaldo al
proceso de cambio, que pone límites a la movilización de la derecha,
también se operó en Chuquisaca, donde después de los fatales saldos que
dejaron los enfrentamientos por la aprobación en grande de la
Constitución se pensó que demandaría años su reconquista. La realidad
se mostró lejana de la angustia: El MAS alcanzó el 45 por ciento de la
votación para prefecto en ese departamento, en mayo, y el domingo
pasado se erigió en ganador.
Pero además, salvo la
instrumentalización que se está haciendo de los discapacitados, los
planes de la derecha para desestabilizar a Morales se han debilitado y
es poco probable que la Central Obrera Boliviana (COB) vaya a
radicalizarse contra el gobierno en un momento como los que vienen,
según han afirmado dirigentes sociales.
El soberano ha tendido,
con paz y democracia, un cerco, interno y externo, sobre la burguesía
agroexportadora y las elites dominantes que solo será roto con
violencia. Los próximos días serán cruciales.
Y si de cerco se
habla, la posición del gobierno en el concierto internacional es
inmejorable. La OEA, el Grupo de Río, la Unión Europea y los gobiernos
vecinos se han pronunciado por el diálogo y por el respeto a la
voluntad del soberano expresada en las urnas.