"Los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya". Dijo Amnistía Internacional señalando a la Escuela de las Américas como uno de los "centros de instrucción".
En el mes de junio del 2005, La Secretaria de Estado de los Estados Unidos Condoleeza Rice, anunció ante la reunión de la Organización de los Estados Americanos que la sede de la ILEA, “Academia Para la Aplicación de la Ley,” sería en El Salvador.
El 25 de julio del mismo año, apareció un artículo en el periódico salvadoreño Co-Latino dando a conocer que ese mismo día, la academia iniciaría su capacitación denominada “Programa de Desarrollo de Gerencia Policial.” Oficiales militares de Colombia, República Dominicana y El Salvador, formaban parte del primer curso denominado: “Programa de Gerencia Policial.” Temas de derechos humanos y crimen organizado serían impartidos por instructores norteamericanos y salvadoreños.
El 28 de Octubre del 2005, el Departamento de estado de los Estados Unidos dio a conocer que representantes del gobierno salvadoreño y estadounidense firmaron un acuerdo para crear una Academia Internacional para la Aplicación de la Ley conocida por sus siglas en inglés como ILEA –International Law Enforcement Academy-
El 30 de Noviembre del 2005 la Asamblea Legislativa Salvadoreña acuerda que El Salvador será la sede de dicha academia.
Las fechas mencionadas nos muestran que la academia empezó a funcionar cuatro meses antes de ser aprobada oficialmente por el gobierno salvadoreño y solamente un mes después que Condoleeza Rice anunciará la decisión de los Estados Unidos de abrir dicha academia en El Salvador, ignorando el sentimiento del pueblo salvadoreño ante el descomunal ultraje a su soberanía.
Hobart Henson, director de la academia dijo que: “se evaluó por dos años en que lugar se establecería la sede de la ILEA en Latinoamérica. El Salvador se escogió después de ver “una amplia gama de características.” Henson no profundizó en las “características,” ni tampoco mencionó la negativa de Panamá y Costa Rica de ser sedes de la academia, pero ambos países reconocieron que a través de sus 14 artículos violaba sus derechos soberanos y en nada les favorecería.
Una de las denuncias de La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON,) fue que el proyecto de la Academia se enmarcaba dentro de los planes de expansión estadounidense y de hegemonía sobre los aparatos de seguridad en América Latina, respondiendo exclusivamente a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos en la región. Refiriéndose a otro objetivo de la academia que es la capacitación a fiscales y jueces latinoamericanos, FECON dijo temer que con ello “se pretenda atar al Poder Judicial a través de la obligada participación de policías, jueces, fiscales y defensores públicos, en programas de estudio en los que no tendrán injerencia las autoridades judiciales del país.”
En general, la preocupación del pueblo salvadoreño es la semejanza de la ILEA con la Escuela de las Américas, ahora conocida como Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica.
La Sociedad Civil en El Salvador a través de sus organizaciones ha denunciado también, el costo económico que recae sobre el pueblo salvadoreño ya que el convenio dicen ellos, establece que El Salvador pagará por su construcción y funcionamiento y eso costará 600 mil dólares, dinero que podría utilizarse para mejorar la calidad de vida de los habitantes de aquel país que en el 2005 tuvo un déficit de 976 millones de dólares en su presupuesto. El salvador no obtendrá ningún beneficio al ser la sede de la academia.
En cuanto al articulo 11 del convenio ya ratificado y que se refiere a privilegios e inmunidades para los miembros del Comité Conjunto, Director de Programas y sus adjuntos, instructores, asesores, consultores y demás miembros del personal de la academia, la Sociedad Civil se expresa de la siguiente manera: “Dichos privilegios son propios de un agente diplomático en su condición de representante de un estado y no de funcionarios que vendrían a prestar cooperación técnica y que en consecuencia no tienen las mismas obligaciones que un funcionario diplomático, esto último de acuerdo a la Convención de Viena. La inmunidad es un peligro para los habitantes de El Salvador sobre todo los que se relacionan con los funcionarios de la Academia.”
El Salvador también se asegurará que la academia no este sujeta al pago de impuestos ni otros cargos estatales. Instructores, asesores y estudiantes también están exentos de toda clase de impuestos, incluyendo aduana, impuestos relacionado a vivienda y además, el país tiene la obligación de otorgarles un permiso de trabajo.
"Los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya". Dijo Amnistía Internacional señalando a la Escuela de las Américas como uno de los "centros de instrucción". Deplorablemente, aquel país centroamericano estará dando lo mejor posible para que estos estudiantes reciban ese entrenamiento en el mejor de los ambientes, y estén debidamente instruidos para la próxima asignación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Asignaciones que generalmente significan derramamiento de sangre para los pueblos latinoamericanos que intenten luchar por su soberanía.